Jesús Cubero Herranz alerta sobre el colapso silencioso de la dependencia en España: “las listas de espera no dejan de crecer”

El socio fundador de UMA Care analiza el estado del sistema de cuidados de larga duración y propone un Pacto de Estado para elevar la inversión y mejorar la transparencia

La atención a la dependencia se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de España, con un sistema que, pese a su evolución normativa, continúa sin cubrir la demanda real y arrastra un problema estructural: listas de espera crecientes, desigualdad territorial y una financiación insuficiente para afrontar el reto demográfico.

Así lo expone Jesús Cubero Herranz, socio fundador de UMA Care (Unidades de Memoria Activa), en el Capítulo 2 del Estudio UE Salud, donde analiza la evolución de la asistencia sociosanitaria y el impacto de la dependencia como “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.

Una ley necesaria… pero un sistema desbordado

Cubero recuerda que el 14 de diciembre de 2006 se publica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un hito que amplía la protección social. Sin embargo, casi dos décadas después, la realidad sigue marcada por dificultades para atender a tiempo las necesidades básicas de la vida diaria.

“La asignación de grado y la prestación asignada siguen creciendo”, subraya el autor, señalando que el problema no es solo legal o administrativo, sino una cuestión de capacidad real del sistema.

Financiación insuficiente y falta de transparencia

Uno de los puntos más críticos del análisis es la financiación: pese a medidas como el Plan de Choque de 2021, España sigue invirtiendo menos del 1% del PIB en cuidados de larga duración, por debajo de la media de países OCDE (en torno al 1,55%) y muy lejos de países como Noruega o Países Bajos (cerca del 3%).

Además, el texto pone el foco en un aspecto especialmente delicado: la falta de transparencia y trazabilidad del gasto autonómico. Tal y como recoge el Tribunal de Cuentas, no existe una separación clara entre ingresos vinculados a dependencia e ingresos de otros servicios sociales, y faltan instrumentos contables que permitan cuantificar el coste real del sistema.

El reto demográfico ya está aquí

Más allá de la falta de recursos, Cubero advierte sobre el contexto: España se dirige hacia un escenario donde el peso de la población mayor será determinante. Actualmente, las proyecciones sitúan el porcentaje de mayores de 65 años en torno al 33% en 2050, con un crecimiento muy desigual por comunidades autónomas.

A esta presión demográfica se suma una realidad preocupante: en 2023, el tiempo medio de resolución de la solicitud de dependencia fue de 324 días, lo que “no ofrece una imagen esperanzadora para los próximos años”.

Una hoja de ruta: prevención, inversión y profesionalización

Como conclusión, el Capítulo 2 plantea la necesidad de un cambio de paradigma: no basta con reaccionar a la dependencia cuando ya está cronificada, sino que hay que avanzar hacia un modelo donde se priorice:

Estrategias de atención preventiva y promoción de la autonomía personal, frente a la institucionalización.

Un Pacto de Estado para elevar la aportación de la Administración Central de forma sostenida hasta alcanzar el 1,5% del PIB.

Mayor transparencia y control de los fondos destinados a dependencia.

Mejoras laborales y salariales para atraer profesionales al sector y evitar la escasez creciente de personal especializado.

Políticas migratorias orientadas a reforzar la oferta de trabajadores en cuidados de larga duración.

Cubero concluye que España está ante una decisión de país: apostar por un sistema capaz de garantizar cuidados dignos a quienes lo necesiten, sin provocar empobrecimiento ni desigualdad, o seguir avanzando hacia un modelo saturado, lento e insuficiente para el reto real que ya está encima.